Monseñor Silvio Báez sobre los 54 represores: "Cada uno debe ser procesado y pagar por sus crímenes”

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, rompió el silencio que ha mantenido en los últimos meses sobre la crisis de Nicaragua ante el informe de del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, que identifica con nombres y apellidos a altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua como responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos. “Debe pagar”, reclamó. 

 “Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de #Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente”, dijo el obispo que desde 2019 fue forzado al exilio tras recibir amenazas de muerte

El informe de la ONU detalla cómo altos funcionarios, incluyendo miembros del Ejército y del partido gobernante, han participado en detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales desde 2018. Entre los señalados se encuentran el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general, Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Judicial, Marvin Aguilar; y el viceministro del Interior, Luis Cañas. El documento subraya que estas acciones forman parte de una política estatal deliberada para reprimir la disidencia en Nicaragua.  

Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de #Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente. Demasiado dolor, humillación y muerte han provocado. Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes.

— Silvio José Báez (@silviojbaez) April 3, 2025

“Demasiado dolor, humillación y muerte han provocado. Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes”, sentenció el obispo, uno de los más críticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dentro de la Iglesia católica de Nicaragua.

El llamado de monseñor Báez refuerza la urgencia de procesar judicialmente a los responsables de estos crímenes y busca poner fin a la impunidad que ha prevalecido desde 2018. Organismos internacionales y opositores han calificado el informe de la ONU como una radiografía minuciosa del poder totalitario que ejerce el régimen de Ortega en Nicaragua.  

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La comunidad internacional continúa instando al régimen instaurado en Nicaragua a respetar los derechos humanos y a cesar la represión contra voces disidentes. Sin embargo, el régimen ha rechazado las acusaciones, calificándolas de injerencistas y basadas en campañas mediáticas de desinformación.